LA QUERELLA KETIN - BENEDICTO

El periodista se dirige a visitar el apartamento y pregunta por la señora Laura Zavala, contestándole la empleada que no se encontraba en esos momentos. Estaba probado que Zócimo Venturo Acuña Ramírez, se refería a la Señora Laura Zavala porque el periodista Zegarra se dirige a visitar el apartamento cerca al Ministerio del Interior en la Urbanización Los Ivis Calle 34-Departamento 301– Corpac-San Isidro y pregunta por la señora Laura Zavala. La empleada le contesta que no se encontraba en esos momentos. Este elemento probatorio no fue visto en presencia del la Juez del 17 Juzgado Penal de Lima ni menos por los magistrados de la 4ta. Sala Penal Reos-Libres, violándose el debido proceso.

La carta notarial de Zócimo Venturo Acuña, testaferro de Ketin Vidal, del 22 de setiembre 2001, elemento probatorio que demuestra la relación afectiva de la querellante con Antonio Ketin Vidal Herrera. En el punto 6 de la carta que Zócimo Venturo Acuña Vidal Herrera la dirigió a Ketin Vidal y cuya copia la entregó a la Fiscalía , refiere que Laura Zavala era la "allegada" del General Ketin Vidal y que vivía en el apartamento del lujo ubicado en la Calle 34 Nº 395 Departamento 301, Corpac-San Isidro; departamento que el testaferro se encargó de alquilar por indicación de Ketin Vidal, desde el año 2000 hasta el 2001, renovable para el segundo año, pagando la merced conductiva de US$ 400 dólares americanos mensuales, cuyo precio inicial era de US$ 600 dólares y que él tuvo que negociar el precio con la propietaria, Señora Zoila Castillo, ofreciendo carta comercial de garantía de la empresa RIMAC ASOCIADOS ubicada en la Calle Petirrojos 356-Oficina 102; empresa allegada al general Ketin Vidal.

Para conseguir este apartamento el General Ketin Vidal lo llamó de manera urgente y le mostró varios departamentos en compañía de "Doña Laura", en las zonas de San Borja, Corpac y San Isidro.
Es cierto que si bien son argumentos de defensa, pero no se pretendía evadir la responsabilidad penal- como refiere el vocal ponente - sino al contrario, la pretensión es demostrar la veracidad de la información, entendida en los términos de la indispensable diligencia respecto a la verosimilitud de la información, valoración que dependerá del caso concreto.

Según el informe de la Defensora del pueblo del Perú sobre la situación de la libertad de expresión (2000), la posición preferente de la libertad de expresión debe partir de la verificación de los siguientes presupuestos o parámetros: La relevancia pública de la información (determinada por el interés o la trascendencia pública de los hechos o la calidad de funcionario público o personaje de relevancia pública) y la veracidad de la información.

Como cuarto agravio, aclaraba que los fundamentos del punto sexto, séptimo y octavo de la cuestionada resolución, no se han tomado en cuenta las nuevas corrientes doctrinarias sobre la controversia entre la libertad de información y el derecho al honor. El Ad Quem simplemente se ha basado en las tradicionales teorías y ha tratado de demostrar que la información no tiene relevancia pública; situación que se logra cuando los hechos son de interés o trascendencia pública y por la calidad de funcionario público o personaje de relevancia pública; asimismo: Está probado que la información que menciono en la nota periodística del 22 de junio del 2004, en el Diario Correo, tienen relevancia pública por la materia u objeto debido a que son temas de interés general que contribuyen a la formación de la opinión publica y por las personas implicadas que tienen el carácter de personaje público o con notoriedad pública.

La calidad de persona con relevancia pública de la querellante quedó evidenciado desde el momento en que su nombre y apellidos apareció mencionado en un medio de comunicación ligada a Antonio Ketin Vidal Herrera. En junio del 2004 se publica en un diario de la Capital la vinculación de Laura Zavala con Antonio Ketin VIDAL HERRERA bajo el epígrafe de "Podrían detener a Ketin Vidal". En unos de los párrafos del artículo se dice que "el alto oficial tampoco ha podido demostrar cómo pudo pagar hasta 400 dólares al mes por un lujoso departamento en el que residía la suboficial PNP (r) Laura Zavala Chumbiauca ".

Son hechos de corrupción y abuso de poder como los delitos de peculado, enriqueciendo ilícito, asociación delictiva, en donde se encuentran involucrados, Antonio Ketin Vidal Herrera y Laura ZAVALA CHUMBIAUCA, ambos están siendo investigados por Poder Judicial, y actualmente, existe apertura de instrucción contra la querellante, su esposo, un comandante de la policía en actividad por el delito de enriquecimiento ilícito en el Décimo Sexto Juzgado de Instrucción. En este mismo proceso deberá ser incluido el personaje público, Antonio Ketin VIDAL HERRERA.

Hago conocer ante la opinión pública la doble moral de un personaje público como es Antonio Ketin VIDAL HERRERA, el mismo que en su condición de General de la PNP, Director General de la PNP y luego Ministro del Interior, cometió abuso de poder y se enriqueció ilícitamente; conductas bastante alejadas e los principios éticos y morales que exige que la vida privada y pública de un oficial de la Policía debe ser el ejemplo para la sociedad y los subordinados..

La información es relevante para la opinión pública también porque está probado que la querellante ha estado íntimamente vinculada a Antonio Ketin VIDAL HERRERA, se ha movido en su entorno más íntimo, en la esfera del poder, cuando Ketin VIDAL era Director Contra el Terrorismo (1991-1992), Inspector General PNP (1993-1995), Director General PNP (1996-1997), Ministro del Interior (2000-2001). Esta posición privilegiada, tomando en cuenta que Ketin VIDAL, ha utilizado testaferros y personas de su entorno más íntimo para encubrir su enriquecimiento ilícito y desbalance patrimonial, le ha permitido a la querellante beneficiarse económicamente, tal como se evidencia en el desbalance patrimonial que se ha encontrado de ella y de su esposo y que propició la denuncia ante el Décimo Sexto Juzgado de Instrucción Penal de Lima por delito de enriquecimiento ilícito.
Los hechos expuestos anteriormente, acreditan que la querellante es funcionaria pública por cuanto ha sido miembro de la Policía Nacional con el grado de Suboficial PNP y por consiguiente, es materia de su juzgamiento por la opinión pública ya que la conducta expuesta por el querellado la efectuó cuando estaba en actividad.

En base a la doctrina Mutantis Mutandis, no se ha tomado en cuenta criterios jurisprudenciales como los del Tribunal Constitucional de España que se hicieron conocer oportunamente a los magistrados, tanto por escrito como en el Informe Oral, como la Sentencia del Tribunal Constitucional Nº 54 – 2004 de fecha 15 de abril de 2004 en donde se menciona que en la categoría de personajes públicos deben incluirse, desde luego, las autoridades y funcionarios públicos, quienes deben soportar, en su condición de tales, el que las actuaciones en el ejercicio de sus cargos y funciones se vean sometidos al escrutinio de la opinión pública y, en consecuencia, a que no sólo se divulgue información sobre lo que digan o hagan en el ejercicio de sus funciones, sino, incluso, SOBRE LO QUE DIGAN O HAGAN AL MARGEN DE LAS MISMAS, siempre que tenga una directa y evidente relación con el desempeño de sus cargos. Al referirme a su vida privada (relación sentimental con Laura Zavala Chumbiauca a quien le pagaba un apartamento de $ 400 dólares mensuales), no se estima innecesario y gratuito, negando el interés público de esta información.

La Sentencia del Tribunal Constitucional de España mencionada supra cuando se refiere a los personajes públicos menciona que debe divulgarse, no sólo información sobre lo que digan o hagan en el ejercicio de sus funciones sino también lo que digan o hagan al margen de las mismas, siempre que tenga una directa y evidente relación con el desempeño de sus cargos. Esta Sentencia se dio con motivo de una denuncia por Difamación Agravada en donde estuvo implicado un ex ministro (Enrique Múgica) y su amante (Sra. Doval), en un hecho de corrupción. La noticia que vincula afectivamente al Sr. Múgica Herzog con otra persona, implicada en una investigación por delito de corrupción, la revelación de esta circunstancias, no puede considerarse innecesaria para la información difundida y por ello lesiva al honor, por cuanto describe la relación entre personas que aparecen implicadas en un caso de corrupción y tráfico de influencias y las conexiones entre los presuntos implicados en el mismo no carecían de interés para la información por lo que aparece prima facie justificada.

Ciertamente, en la noticia se vincula afectivamente a la querellante, Laura ZAVALA CHUMBIAUCA, con el personaje público, Antonio Ketin VIDAL HERRERA porque ambos están implicados en un caso de Enriquecimiento Ilícito motivo por el cual existe una investigación judicial en el 16 Juzgado Penal de Lima.

La revelación de esta circunstancia -vinculación sentimental- de esta parte referida a su vida privada, no puede estimarse innecesaria y gratuita para la información difundida y por ello lesivo al honor por cuanto describe la relación entre las personas que aparecen implicadas en una investigación de un delito y que es de interés para la opinión pública por lo que aparece prima facie justificada, precisamente por tratarse de un caso de corrupción y abuso de poder.
Como quinto agravio, dejaba constancia que también el vocal ponente dejó de lado las nuevas corrientes doctrinas como la doctrina de la posición preferente de la libertad de expresión y la del reportaje neutral. El fundamento de la posición preferente de la libertad de expresión está en su contribución a la libre y plural difusión de información, ideas u opiniones, presupuesto indispensable para la formación de una opinión pública libre e informada sobre asuntos de interés general.

Según el informe de la Defensora del pueblo del Perú sobre la situación de la libertad de expresión (2000), la posición preferente de la libertad de expresión debe partir de la verificación de los siguientes presupuestos o parámetros: La relevancia pública de la información (determinada por el interés o la trascendencia pública de los hechos o la calidad de funcionario público o personaje de relevancia pública), la veracidad de la información (entendida en los términos de la indispensable diligencia respecto a la verosimilitud de la información, valoración que dependerá del caso concreto) y La proporcionalidad de los términos utilizados (la ausencia de términos manifiestamente injuriosos o agraviantes a la dignidad de la persona humana que resulten desproporcionada a los fines vinculados a la formación de opinión pública).

La Doctrina del Reportaje Neutral se sustenta en que cuando la información que se publica se basa en declaraciones vertidas o escritas por terceras personas, cuya credibilidad se asienta en el hecho de ser informaciones recogidas en los medios de comunicación y en las investigaciones practicadas por terceros, se exceptúa de responsabilidad al informante. No es posible determinar el ánimo difamatorio del denunciado cuando el contenido de la nota periodística, considerada difamatoria por el querellante y atribuida al querellado, se basa en expresiones vertidas por terceros que aparecen como informantes.

No se comete delito de difamación por medio de la prensa cuando se propala un reportaje periodístico en el cual terceras personas atribuyen al querellante determinada conducta cumpliendo así solo con su misión de informar a la opinión pública. Como sexto agravio, el vocal ponente había obviado en la motivación determinar si el querellado actuó con con ánimus informandi o animus difamandi, debido que para que se configuren los delitos de difamación agravada es necesario acreditar que el querellado actuó con ánimo doloso de dañar el honor y la reputación del querellante.

Que es de significar de que en este delito no es suficiente el cumplimiento de la atribución de una cualidad, conducta o hecho, ante varias personas posibilidad de difusión, etc (elementos objetivos) y el conocimiento que se realiza el delito y querer realizarlo (elemento subjetivo:dolo), sino también, es necesario el ánimo de difamar, elemento adicional sin el cual el delito no se configura.
Está probado que el querellado se limitó a informar relatando hechos que eran de dominio público y que antes habían sido difundidos por terceros, amparado en la doctrina del reportaje neutral y se cumplió con el requisito de la veracidad puesto que ha dado cumplimiento al deber de constrastación de los hechos con anterioridad a su publicación consultando con testigos y fuentes (documentos, videos, etc.).

Si el querellado no ha procedido con animus difamandi sino animus informando y su conducta no es justiciable penalmente, se encuentra amparada por la cláusula general de justificación, pues desde una perspectiva penal, el ejercicio de las libertades de expresión e información constituye el ejercicio legitimo de un derecho (Art. 20, inciso 8 del Código Penal).
Sobre el particular, existe la Jurisprudencia contenida en el EXP. Nº 5667-97(SS.Alberca Pozo/Salas Villalobos /Rojas/ Zuoleta) del 31 de octubre de 1997 menciona que si el contenido de una nota periodística, considerada difamatoria por el querellante y atribuida al querellado, se basa en expresiones vertidas por terceros que aparecen como informantes, no hace posible determinar el animo difamatorio del denunciado.

La nota periodística esta formulada en base a versiones expresadas por terceras personas que aparecen como fuente informante. Siendo así, no se puede determinar de modo pleno, el ánimo difamatorio por parte del querellado, por cuando además, no se precisan versiones directas en contra del denunciante. Está probado también que cuando una persona actúa en cumplimiento de un deber o en defensa de un interés de causa pública está exento de responsabilidad y existe criterios jurisprudenciales que no hay intención dolosa cuando se emite un juicio sobre la conducta de una persona, siempre que el móvil de dicha acción sea el cumplimiento de un deber o la defensa de un interés de causa pública y las críticas formuladas no respondan a un móvil egoísta y subalterno sino a cautelar la buena marcha de una institución.

El querellado en el artículo periodístico del 22 de junio de 2004 (Correo), objeto del presente proceso, ha querido demostrar que nuestro país ha vivido la más grande crisis moral durante el periodo del fujimontesinismo y constituye una exigencia moral combatir la inmoralidad y desenmascarar a todos aquellos que, aprovechando el poder y la relación con este poder, han logrado lucrar e enriquecerse ilícitamente.

Como octavo agravio, el Ad Quem no había aplicado el Principio de Congruencia Procesal, trasgrediendo el debido proceso. Con el escrito del 3 de febrero 2006 había solicitado actuar medios probatorios para garantizar el ejercicio pleno de la defensa de conformidad al artículo 216 de Ley Nº 28117 (Ley de Celeridad y eficacia procesal del 10 de diciembre 2003), no hubo respuesta ni se hace mención en la resolución cuestionada sobre el particular, por cuanto este principio obliga a pronunciarse respecto a las pretensiones efectuadas por las partes respecto a todos los puntos controvertidos que constituyen la cuestión materia de discusión. En la sentencia confirmatoria no existe un expreso y claro pronunciamiento sobre esta pretensión invocada por el querellado.

Como noveno agravio, mencionaba que no se había permitido que se dé oportunidad razonable y suficiente para actuar pruebas y obtener una sentencia revocatoria con la finalidad de asegurar los derechos fundamentales consagrados en la Constitución a través de un procedimiento de acuerdo a ley conforme lo señala el Código Adjetivo o Código de Procedimientos Penales.