Los planes de gobierno de los candidatos presidenciales, Lourdes Flores y Ollanta Humala, cuando se refieren al tema de Seguridad Ciudadana, plantean la "transferencia" de las funciones de la policía relacionadas al orden público a las municipalidades, situación que ha generado profundo malestar y preocupación por parte de los policías, quienes perciben que se intenta mutilar sus funciones con la intención de reducir a esta importante institución del Estado a su mínima expresión: quedar como simples policías «disuasivos» o de calle, parecida al Serenazgo.

La Policía Nacional es una institución fundamental del Estado encargada de la Seguridad Ciudadana y el Orden Interno por mandato constitucional. Nace de la estatización universal de la sociedad y substancialmente, es una institución del Estado, por lo tanto, toda decisión política influye, positiva o negativamente, en la función policial y muchas veces con efectos determinantes.

Sus orígenes se remonta al Imperio Incaico cuando el Inca Pachacútec (1438-1471) crea los Tucuyricos (los que todo ven y oyen), los Michues (agentes encubiertos) y la famosa Guardia Imperial cuya misión era la de salvaguardar el frente interno. Los primeros velaban por el orden y el cumplimiento de las leyes del Inca. Los Michues actuaban como consejeros, inspectores y pesquisidores. Ambos eran una especie de policía secreta que con astucia e inteligencia se infiltraban entre aquellas personas que van a cometer delitos o conspiraban contra el Imperio Incaico. No obstante sus antiguos orígenes y su ligazón con la historia peruana, en los últimos tiempos, ante la inoperancia y falta de eficacia de la policía en cuanto a los asuntos de Seguridad Ciudadana, se pretende mutilarla en funciones, principalmente las funciones vinculadas al Orden Público (control de tránsito, turismo) y otras como la protección del medio ambiente, policía ecológica, salvataje, policía de menores y policía de mujeres), transfiriendo estas funciones a las municipalidades con la secreta intención de minimizarla en su rol y reducirla a su mínima expresión: una policía disuasiva o de calle, parecida al Serenazgo.

Si bien es cierto que la "mutilización de la policía" ha vuelto a ser tema de controversia debido a que aparece en los planes de gobierno de los candidatos presidenciales, Ollanta Humala y Lourdes Flores, el afán de invadir los fueros de la policía y de transferir algunas de sus funciones a las municipalidades, no es nada nuevo. Diversas instituciones como el Ministerio Público siempre intentó apropiarse de la investigación del delito y al parecer lo están consiguiendo con el Nuevo Código Procesal Penal en subordinar a la policía especializada a ella, invadiendo o mutilando esta importante función como es la investigación del delito.

Las discrepancias en cuanto a los roles de la Policía y el Fiscal en el nuevo Código Procesal Penal se centra en que este cuerpo normativo no determina con precisión y claridad la competencia que deben tener estas dos instituciones en cuanto a la investigación del delito. La ambigüedad con que se aborda este tema hace que se acreciente más las contradicciones que siempre han existido, partiendo por el hecho de determinar, ¿quién es el titular de la investigación del delito?. Esta situación genera enfriamiento y desconfianza entre la Policía y el Ministerio Público. Las dudas están en que el Código Procesal Penal cuando trata de la investigación de los delitos refiere que «corresponde a los Fiscales investigar los delitos y acusar a sus autores y partícipes», asimismo, que para el mejor cumplimiento de sus funciones los fiscales pueden requerir el apoyo policial, dejando la posibilidad de que no lo hagan y pueden apoyar otras instituciones.

Por otro lado, la policía preventiva -muchos de ellos provienen de la ex Guardia Civil- muestran su preocupación cuando leen que en el Plan de Gobierno del Partido Nacionalista, en cuanto a seguridad ciudadana, esgrimen también la tesis de la mutilación de las funciones de orden público para transferirlas a las municipalidades; transferencias procesal y gradual de las funciones de tránsito, control de carreteras, turismo, policial ecológica, policía de menores, policía de la mujer y salvataje. Unidad Nacional también plantea en su Plan de Gobierno que dentro de la reforma integral de la PNP, debe transferirse a otros sectores de la administración pública, tareas que le corresponden a la policía y que deben ser ejecutadas por otras entidades, tanto a nivel nacional, regional o local; asimismo, evaluar la conveniencia de que la policía continúe con las responsabilidades de tránsito, salvataje, turismo, control forestal, control penitenciario, entre otros.

Estas tesis de depredación, canibalización o mutilación de la PNP, en vez de solucionar los problemas de seguridad ciudadana, las agravaría y sería un duro golpe para una institución del Estado que siempre ha tenido un rol importante en materia de seguridad, no sólo en la lucha contra el terrorismo, sino en cuanto a la lucha contra la delincuencia callejera y el crimen organizado. Adoptar medidas de esta naturaleza es desconocer que la Constitución Política del Estado establece que la PNP es un organismo encargado del orden interno y la seguridad ciudadana, por lo tanto, sería una trasgresión constitucional; que existen alcaldes que carecen de trayectoria y experiencia en los temas de seguridad integral, son autoridades ediles transitorios, están llenos de ambiciones personales, protagonismo, ansias de poder, se creen poderosos, se envanecen con el cargo, abusan de su investidura y contratan como gerentes de seguridad -quienes se harían cargo de estas funciones policiales- a familiares o ex militares o ex policías llenos de taras, prejuicios o sentimientos militaristas.

Transferir estas funciones policiales sería un error que tendrían efectos de incalculables consecuencias para la seguridad ciudadana debido a que muchos alcaldes no cumplen bien sus funciones, menos lo harán con otras funciones como las policiales. Lo que se debe hacer es rehabilitar económicamente y moralmente a la PNP, empezando por darle el presupuesto que le corresponde para que funcione bien -cada año entra con un déficit presupuestario del borde de 1,200 millones de nuevos soles-, desestimar estas tesis (mutilación o canibalización de las funciones policiales) y no transferirlas a las municipalidades porque sería agregar un problema a otros problemas que tienen la mayoría de los alcaldes.

Pasar la Policía de Carreteras a las municipalidades -como plantea el Plan de Gobierno humalista- sería descabellado. Lo que se debe hacer es potenciar esta función, elaborando convenios con las empresa de transportes nacionales para que apoyen a la este tipo de policía con patrulleros, equipos de comunicación y construcción de puestos de auxilio rápido cada 100 kilómetros en lugares donde los asaltos en carreteras son frecuentes. Estas sí son medidas inteligentes que buscan solucionar el problema a través de convenios y no mutilando o canibalizando las funciones policiales que lo único que genera es el malestar y frustración de estas importantes especialidades en la PNP.

Diario del País (27 de Marzo).