COCA, GOBIERNO Y GOBERNABILIDAD

Uno de los más grandes retos del nuevo Gobierno consistirá en diseñar una política antidroga eficaz para combatir las peligrosas alianzas entre los rezagos del terrorismo con el narcotráfico y entre los carteles mexicanos y los narcotraficantes peruanos.

"Coca, cocaína y gobernabilidad" se ha convertido en un tema obligado en los debates que se realizan en los foros nacionales e internacionales y en el contexto actual, en pleno proceso de elecciones para el cambio de Gobierno, este tema adquiere relevancia. La opinión pública espera que los candidatos presidenciales expresen sus opiniones y hagan conocer la estrategia de sus planes de gobiernos en cuanto a "Coca, cocaína y gobernabilidad", o sea, cuáles son los lineamientos estratégicos que han diseñado para enfrentarse a las amenazas que nacen del incremento del cultivo de la hoja de coca, el tráfico ilícito de drogas, el narcoterrorismo, el contrabando de químicos y cómo neutralizar los peligros que pueden amenazar la gobernabilidad y así evitar que nos coloquen en la lista de las llamadas "narcorepúblicas".

El aumento de los cultivos de la hoja de coca, más allá de zona tradicionales de plantaciones, tales como Monzón y las valles de Apurimac y Ene, el lavado de dinero, la comercialización ilegal de insumos químicos para el narcotráfico, las alianzas entre el narcotráfico y el terrorismo y entre los carteles mexicanos y peruanos, hace imperiosa la necesidad de que el nuevo Gobierno elabore una estrategia integral para combatir estas lacras que debe tener como ejes fundamentales, además del combate contra la pobreza, el desempleo, mayor presencia del Estado en zonas cocaleras, énfasis en la educación y aplicación de la ley, las operaciones de interdicción contra las mafias o carteles mexicanos y peruanos que han visto que la cocaína es una de las drogas de mayor demanda a nivel mundial, dando nacimiento a un sinnúmero de organizaciones criminales dedicadas a su comercialización ilícita que les reporta una ganancia de 450, 000 millones de dólares a nivel mundial, con las secuelas de corrupción y violencia que se conoce.

El cultivo de la hoja de coca se convierte en un problema nacional, vinculándose con el narcotráfico, desde que del total de la producción de coca en el Perú, sólo el 18% es absorbido por el mercado licito ( destinándose un 17% al uso tradicional y apenas 1% para la industrialización) mientras que el 82% de la hoja de coca se destina para fines ilícitos (se estima que la producción anual sería posible elaborar unas 600 TM de estupefacientes al año). La planta de hoja de coca no tiene sustitutos. Es por ello que los técnicos internacionales se han orientado en los últimos años hacia el desarrollo alternativo, pero estos programas no han tenido resultados esperados por una serie de dificultades como el alto precio de la hoja de coca, las condiciones de extrema pobreza, pobreza crítica y la falta de mercados que impidieron mantener una evolución creciente.

En la actualidad se calcula que el área sembrada es de 36 mil hectáreas, en tanto que las Naciones Unidas estiman que son 48 mil hectáreas. Tenemos el triste privilegio de que nuestro país sea una fuente de base de cocaína y cocaína refinada y se haya convertido en la puerta abierta a la exportación de productos de coca por tierra, mar y aire, así como de resina de opio y morfina por las tierras fronterizas norteñas a los Estados Unidos, América del Sur y Europa, existiendo una peligrosa asociación entre los carteles mexicanos y narcotraficantes peruanos para sacar cargamentos de cocaína a través de distintos puertos de nuestro país y que estas mismas mafias forman empresas de fachada dedicadas a la importación de estas sustancias por lo general fábricas de baterías (usan ácido sulfúrico) o almacenes dedicados a la compra venta de lejía, ácido muriático o acetona y contaminan los ríos de la selva con 13.500 toneladas de tóxicos.

El Estado carece de una estrategia efectiva para neutralizar la comercialización ilegal de insumos químicos para el narcotráfico, creciendo en forma exponencial en los últimos años la incautación de estos insumos debido a que para procesar las hojas de coca producidas en media hectárea se requiere casi una tonelada de químicos Ante esta situación, el panorama que nos espera es bastante sombrío debido a que el presupuesto que asignado por el Estado a DEVIDA (Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas), ente gubernamental para implementa la política antidrogas, es bastante pequeño, asciende a tres millones de dólares, suma irrisoria comparada con los 97 millones destinados por los Estados Unidos y la ayuda norteamericana ha disminuido en un 17% menos del monto de 115,3 millones, o sea, 97 millones.

Revisar profundamente el concepto mismo de desarrollo alternativo, así como sus resultados.

Reestructurar DEVIDA para que se convierta en una verdadera entidad rectora que diseñe y ejecute un programa coherente y coordinado de la política antidroga en el país. Esta organización debe estar guiada por la política nacional y no subordinada a los impulsos y las presiones del Gobierno Norteamericano.

El Estado debe recuperar el principio de autoridad en los espacios que ha perdido presencia y sea capaz de restablecer el imperio de la ley.

Reforzar los esfuerzos en la lucha contra el lavado de dinero.

Encontrar solución al aumento de los de los cultivos de la hoja de coca más allá de zona tradicionales de plantaciones, tales como Monzón y las valles de Apurímac y Ene.

Precisar que el problema de los productores de hoja de coca no es policial sino multisectorial. Lo que es policial es el narcotráfico y los agricultores no son narcotraficantes, así sea que el 80% de las hojas de coca se deriven a elaborar la droga. La producción y comercialización de las hojas de coca no es un delito sino es un problema social y de subsistencia.

Poner especial énfasis en la interdicción de la resina de opio y morfina por las tierras fronterizas norteñas a los Estados Unidos, América del Sur y Europa.

Diseñar una política agraria del desarrollo o alternativo que permita a los campesinos ofrecer cultivos diferentes a la coca.

Modernizar el equipo técnico para el control de la salida de droga en los puertos y aeropuertos por donde sale el 70% de la droga producida en el Perú.

Elaborar el Plan integral de interdicción aérea, marítima y terrestre para combatir el narcotráfico en el pais.

Vigilar el buen uso de los fondos de la cooperación internacional destinados al desarrollo alternativo por parte de Contradrogas en una serie de proyectos y programas que técnicamente han tenido muchas fallas.

Diseñar un programa de siembra alternativa (café, caña de azúcar, palma de aceite) completándolo con programas de acuicultura y reforestación que tenga como propósito reducir las plantaciones de coca a la dimensión real del mercado peruano, es decir, 12 mil hectáreas.

Brindar exactas informaciones con respecto a los éxitos de la política de control de droga. Hasta el año 2000 hubo 34,600 hectáreas, pero probablemente la cifra real sea 74 mil hectáreas.

Cumplir con el programa de erradicación de la hoja de coca y no caer en la presión para militarizar la lucha antidrogas.Si bien el combate al narcotráfico deber ser frontal, duro, con apoyo norteamericano, es una lucha básicamente social y económica, que se da contra la expansión de los cultivos.

Proteger el medio ambiente y luchar contra el tráfico ilegal de insumos químicos para el procesamiento de la cocaína, impidiendo que las mafias o cárteles forman empresas de fachada dedicadas a la importación de estas sustancias por lo general fábricas de baterías ( usan ácido sulfúrico) o almacenes dedicados a la compra venta de lejía, ácido muriático o acetona.

Precisar el número exacto de hectáreas sembradas de amapola e incrementar significativamente las acciones para detener el incremento en la exportaciones de cocaína y de látex de amapola.

Combatir el aumento de comercialización de droga sintética conocida como "éxtasis "; droga sintética que ha empezado a inundar el mercado limeño que ha obligado a que la Policía Nacional crea el departamento de psicotrópicos. Esta droga es camuflado en cápsulas y se vende en discotecas.

Repotenciar el Sistema de Inteligencia Antidrogas.

Echar andar programas económicos y sociales eficientes en las zonas cocaleras y redefinir nuestra alianza contra el narcotráfico regional, junto con los Estados Unidos, Colombia y Bolivia.

La Política Nacional Antidrogas debe tomar en cuenta la siguiente disyuntiva : si el campesino es narcotraficante o campesino que en su mayoría, tiene la voluntad de legalizarse, si se aplica una erradicación compulsiva (el Ministerio del Interior se ha abstenido de usar este procedimiento) o se logra como producto de un acuerdo campesino-gobierno, si se promociona una política de créditos para los campesinos que aceptan y proceden a la auto erradicación o se les niega este incentivo y se les entrega solo donaciones.

El gobierno debe hablar y pactar solamente con los grupos de base o reconoce a las organizaciones campesinas como interlocutores válidos.

Inducir un manejo ineficiente y unilateral en cuanto a las políticas de sustitución de cultivos o trazarlos a partir de los ejemplos positivos como el de palma aceitera promovido por Naciones Unidas en la provincia del Padre Abad (Ucayali).