EL MEGAJUICIO: ESCENARIO DE ESTRATEGIAS POLITICAS Y SUBYACENTES

Cuando en el intento de acabar con el terrorismo, cometemos errores, éstos se pueden volver armas y combustibles para él, pudiendo llegar a convertirse en la tabla de salvación que necesitan.

Después de 13 años - tomando como punto del análisis la captura del líder terrorista, Abimael Guzmán, este grupo que en su mejor momento contaba con un proyecto militarista y totalitario “de características terroristas” - según refiere la Comisión de la Verdad y Reconciliación, en medio de una intensa lucha ideológica y política (lucha de dos líneas), ha terminado convertido en un “monstruo de tres cabezas“, cada uno con estrategias diferentes y que son conocidos como: “Solución política de los problemas derivados de la guerra”, “Solución política global con lucha armada“ (Comité Regional Huallaga) y “Línea proseguir la lucha armada” (Comité Regional Centro-Principal). El primer grupo está dirigido por Abimael Guzmán y Elena Iparraguirre, a quienes se le conoce como “Comité Permanente Histórico”, aglutinando en torno a ellos el 70% de todo el contingente, muchos de los cuales han salido en libertad y se han plegado a su estrategia legal, política, psicológica y reinvidicativa(está ligado a las luchas por las reinvidicaciones de los trabajadores).

El segundo, liderado por “Artemio” (José Flores León), acepta la autoridad del líder y la Nueva Estrategia (Solución Política), pero está entrampado en una zona donde impera la fuerza para lograr sus objetivos, por lo tanto, a partir de mediados del 2004 ha reiniciado su actividad terrorista bajo la modalidad de agitación y propaganda armada, emboscadas y sabotajes, planteando “Solución política global con lucha armada“ (se incluya en la negociación para una amnistía, además de los “presos políticos” y “prisioneros de guerra” a los que están en libertad y prosiguen con la lucha armada). El tercero, liderado por “Martín” o “José" (Víctor Quispe Palomino), acepta la autoridad del líder hasta antes de su captura, centrando su accionar en el llamado “VRAE” (Valles de los Ríos Ene y Apurimac), o sea, en las provincias ayacuchanas de Huanta y La Mar, Satipo (Junín) y La Convención (Cusco). En estas zonas se han encontrado los laboratorios más grandes de Clorhidrato de Cocaína en América Latina y crecen los cocales con mayor grado de alcaloide, ideal para la elaboración de droga de mayor pureza.

Lo que puede salvar a SL y permitir que siga vivo y desarrollándose son nuestra ignorancia sobre lo que es esta organización terrorista, hoy, y nuestros propios errores en el manejo de la estrategia.

Mientras los partidos políticos desarrollan sus estrategias para dirigir los destinos del país a partir del 28 de julio del año en curso, en la Sala Nacional de Terrorismo instalada en la Base Naval del Callao, donde se viene juzgando a los dirigentes de Sendero Luminoso en el llamado “Megajuicio”, se desarrolla otra estrategia que si no se maneja bien, puede comprometer los destinos de nuestra patria en cuanto a seguridad interna. Se le denomina “Megajuicio” porque se han acumulado varios procesos, entre los cuales, “Lucanamarca” (3 de abril de 1983, pelotones de Sendero Luminoso realizaron una matanza de campesinos en la población de Lucanamarca como parte de darle un escarmiento a las “meznadas” o campesinos que apoyaban al Ejército Peruano que había entrado a combatirlos), el caso de la Academia “Cesar Vallejo” (entidad que era utilizada como fuente de financiamiento para la cúpula senderista) y se comprende como acusados a los dirigentes siguientes: Abimael Guzmán, Elena Iparraguirre, Oscar Ramírez, Laura Zambrano, María Pantoja, Angélica Salas, Margie Clavo, Martha Huatay, Víctor Zavala, Osmán Morote, Victoria Trujillo Agurto, Margot Liendo Gil. Cuando menciono que “no están todos los que deben estar”, me estoy refiriendo a Edmundo Coz Bauzeville (Federico), Marcelino Cerrón Cardozo (Marcelo), Felipe Tenorio Barbarán (Augusto), Elizabeth Cárdenas Huayta (Aurora), Pedro Quinteros Ayllón (Luis), Jhenny Rodriguez Neyra (Rita), Zenon Vargas Cárdenas (Arturo), Carlos Manuel Torres Mendoza (Javier).

Como toda estrategia- arte de dirigir, medir y calcular- este escenario se ha convertido en una lucha entre dos bandos; por una parte están los defensores de la normatividad legal de un Estado que SL siempre ha considerado como “Viejo y caduco” al que había que destruir desde sus cimientos y por otro lado, un grupo de abogados, la mayoría “reciclados” de la otrora Asociación de Abogados Democráticos, que defienden con capa y espada a sus patrocinados que mudos, intercambiando miradas y gestos, anotando todo lo que se dice para las “retrasmisiones”, siguen atento las estrategias que han desbordado los aspectos legales para entrar en los terrenos peligrosos y minados, bastante áridos, de la política y la ideología; terreno en el cual los abogados esgrimen sus consabidos y bien estudiados argumentos jurídicos – muchos de los cuales fueron expuestos ante el Tribunal Constitucional a través de la segunda acción de inconstitucionalidad presentada el 11 de febrero 2005 para que se declara inconstitucional el artículo 2do. del DL Nº 25475, la columna vertebral de toda la legislación antiterrorista.

Claro está que estos argumentos que esgrimen los abogados de los terroristas provienen de hilos invisibles manejados por el llamado “Pensamiento Gonzalo”. No se requiere mayor esfuerzo intelectual para deducir que la estrategia legal “colegiada “ de Sendero Luminoso, encierra, también, otras estrategias “subyacentes” y la explicación está en el principio de que toda nueva estrategia debe adaptarse al tiempo, lugar y carácter de la lucha actual. La defensa de los nuevos abogados democráticos se centra en demostrar que el “Sendero Luminoso” es en realidad un partido político (PCP), porque así lo reconoce la Comisión de la Verdad y Reconciliación), tiene una ideología, es una organización y aplicó en la guerra interna la teoría militar de la guerra popular o guerra campesina, creada por Mao Tsetung; que desde mayo 80, desenvolvió en nuestro país un conflicto armado interno - según lo asevera la CVR - que no es terrorismo porque este término fue introducido por el presidente norteamericano Reagan con la intención de desprestigiar las luchas de los pueblos oprimidos del Tercer Mundo y con la intención de aplastar las revoluciones; que a nivel internacional no está definido lo que es terrorismo, sólo existe una definición pobre de lo que es “acto terrorista”; que con la denominación de terrorismo se busca criminalizar la guerra de las clases oprimidas; en síntesis, los otrora sanguinarios terroristas, reclaman hoy ser considerados “ luchadores sociales”, “revolucionarios” y que se levantaron contra gobiernos entreguistas, vende patrias, hambreadotes, explotadores y fieles servidores del imperialismo yanqui.

Estos argumentos, mezcla de jurídicos y políticos, está aparejada con un lenguaje, atractivo y marqueteador : se debe buscar la reconciliación nacional, bregar pñor la producción y trabajo para el pueblo, democratización de la sociedad peruana y que la guerra acabó; por lo tanto, se debe buscar la amnistía general, sin vencedores ni vencidos, etc. Sientan posición con respecto a los grupos dispersos que se encuentran en el Huallaga y VRAE : que no están de acuerdo con sus acciones temerarias de ataques a las fuerzas del orden y que más bien los llaman para que asuman la política fundamental y tareas de la IV Etapa (pasar de tiempos de guerra a tiempos de paz), bajo la jefatura y el “Pensamiento Gonzalo”.

Los critican de realizar acciones aisladas que carecen de sentido político, expresión neta de la línea militar burguesa, sin centralización estratégica; por lo tanto, no existe guerra popular y que proseguir la lucha armada es destruir el partido debido a que la condición clave y decisiva para conquistar el poder es la “dirección proletaria”; dirección que está en las cárceles. A simple vista, la estrategia legal no asesina, coloca coches-bombas, pero sus resultados han sido fulminantes : ha logrado desmoronar casi en su totalidad, la estructura legal antiterrorista y se preparan para llevar los nuevos juicios antes las cortes internacionales de derechos humanos, donde esperan ganar y obtener jugosas ganancias con las indemnizaciones. Para los conocemos a SL y venimos pulseando su nueva estrategia, como las venas de los brazos, podemos decir que la estrategia legal o jurídica ha ido de lo simple a lo complejo, nacional hacia lo internacional, es sistemática y coherente y ha logrado avances, saltos y éxitos - más desde el punto de vista legal y político.

Sin lugar a dudas, el futuro escenario de esta lucha legal se ubicará a nivel internacional, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de Costa Rica en donde han ido generando una serie de jurisprudencia en las sentencias que les han sido favorables para luego aplicarlas en otros casos de mayor nivel. Por ejemplo, la sentencia de la doctora María Elena Loayza Tamayo, médica acusada de terrorismo, ante la CIDH les fue favorables y en el fallo recomendaron al Estado peruano que la reincorpore a Essalud (su centro de trabajo antes de su detención), se le pague 39 mil dólares como indemnización, 5 mil dólares para su madres Alcira Flores y 5 mil dólares para su hermana, Alcira de la Cruz. Como jurisprudencia obtuvieron que a partir de este caso, el acto médico de ayuda a los terroristas no será considerado acto de colaboración con el terrorismo.

No se detener a un médico o enfermera que opere a un terrorista que fue herido durante una emboscada a las fuerzas del orden. Los otros casos, María Elena Loayza Tamayo y del abogado democrático, Rodolfo Ascencios Lindo, fueron utilizados como jurisprudencia internacional en la acción de inconstitucionalidad que presentaron el 15 de julio 2002 y que culminó Fallo del Tribunal Constitucional (3 de enero 2003) y la derogatoria del 70% de las legislación antiterrorista, en especial, de los decretos referente a los juicios ante tribunales militares y "jueces sin rostro", disponiéndose nuevos juicios en base de la nueva legislación que aparece como resultado de este fallo del TC.

En los meses siguientes, el Poder Judicial anuló los procesos de los sentenciados en base de las leyes anticonstitucionales, entre ellos, de Abimael Guzmán y de los miembros de la dirección del PCP, y se abrieron nuevos juicios ante un fuero antiterrorista creado en aplicación de la nueva legislación. La lucha legal de este grupo terrorista, no sólo apunta a manipular los nuevos procesos a su favor, sino que lo atan con otros tipos de luchas para recuperar y defender los derechos fundamentales, económicos, sociales y laborales conculcados de la población y derogar las leyes antiterroristas inconstitucionales, a través de las campañas de acciones de inconstitucionalidad que ya van dos, hasta la fecha (la primera en julio del 2002 y la última, en febrero del 2005).

Si logran que la Comisión Interamericana de DDHH considere que nuestra legislación antiterrorista no sirve, entonces sólo podremos juzgar a Abimael por Rebelión e imponerle una pena no mayor de 25 años. Uno de los grandes problemas que se avecina en este megajuicio es que si no se culmina el proceso antes del mes de mayo 2006 - mes en que deberá cumplirse los 36 meses- el colegiado de la Sala Nacional de Terrorismo se vería obligado a darles libertad por exceso de carcelería – nuestra legislación no acepata que un procesado esté más de 36 meses sin sentencia-.

Una estrategia coherente, permanente, sesuda y de largo aliento contra Sendero Luminoso debe partir de hacerse esta pregunta: ¿ Cuál es la tendencia del grupo solución política que monitorea el Megajuicio ? Anotaré algunas de ellas.

Seguir utilizando el Megajuicio como proceso político que les permita “desenmascarar” el orden legal y denunciar las violaciones de los derechos fundamentales en sus detenciones.
Denunciar las violaciones de los derechos fundamentales, partiendo de sus detenciones para lograr que sean considerados como presos políticos y prisioneros de guerra.
Tomar como base las consideraciones del Informe de la CVR para reclamar que son un partido político (PCP-SL) y no un grupo terrorista como pretende tildarlos los “reaccionarios”.
Dilatar el proceso a través de recursos impugnatorios para llegar a los 36 meses y luego pedir libertad por exceso de carcelería.
Seguir presentado demandas ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos para generar jurisprudencia internacional (han visto que la vía internacional es la única que los llevará al éxito y es en donde obtendrán reparaciones muy significativas).
Socavar los nuevos juicios con planteamientos y acciones firmes no con “leguleyadas” (en los juicios el problema no son las pruebas sino la legislación).
Seguir combatiendo el sistema legal antisubversivo inconstitucional y rematar el desmoronamiento de la legislación antisubversiva.
Difundir la reciente observación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en cuanto a la nueva legislación antiterrorista de febrero 2003 en el sentido que a pesar de las modificaciones, continúa atentando contra lo establecido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Demostrar que el Estado aplicó una línea y política genocida, denunciando todos los casos de violación de derechos humanos por parte de las fuerzas del orden.
Luchar para el cierre del Penal Militar de la Base Naval del Callao.
Desenvolver una intensa campaña nacional e internacional de agitación y propaganda denunciando la reiterada violación de los derechos fundamentales del Presidente Gonzalo y la Camarada Miriam y demás prisioneros de guerra en la Base Naval del Callao.
El objetivo principal de la estrategia legal es lograr la libertad de sus principales dirigentes para que la “dirección proletaria” vuelva a dirigir a esos grupos dispersos que se encuentran como bandas errantes, atacando a la “reacción” (miembros de las FF.AA y PNP).
Los abogados atacaran los puntos débiles en el proceso: la investigación policial y los atestados, específicamente en cuanto al acopio de las pruebas.
Apelarán las sentencias de los nuevos procesos ante la CIDH porque consideran que son juicios inconstitucionales, contrarios a los derechos fundamentales y debido proceso, atentando contra la jurisdicción predeterminada por la ley.

Por nuestro lado, como defensores del "Viejo y Caduco Estado" debemos estar atentos a estas estrategias subyacentes y replantear la política estratégica de manera integral, de manera flexible, partiendo de la realidad objetiva, circunstancias reales y situación concreta y tomando en cuenta que SL es un monstruo de tres cabezas y el principio “toda estrategia debe adaptarse al tiempo, lugar y carácter de la lucha actual”.

Algunas ideas centrales para la nueva estrategia integral antiterrorista:
Desarrollar una estrategia legal, tanto a nivel nacional como internacional. La estrategia legal es algo novísimo en la guerra política y no existe antecedentes en otras latitudes. El terrorista utiliza la estructura jurídica del Estado a su favor basado en el conocimiento de las normas, discriminación de las victimas, infiltración de jueces y fiscales, calumnias y difamación. Los terroristas tratan de encubrirse en el marco legal vigente, aprovechando los resquicios del sistema jurídico existente.
Lograr una efectiva presencia del Estado mediante la implementación de programas sociales en zonas de influencia terrorista para irles quitando espacio.
Revisar el rol de los Comisionados de la Paz y Desarrollo que cumplen una labor efectiva en una sociedad post-conflicto como la nuestra.
Reactivar los Comités de Autodefensa e insertarles en el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. Los CADs fueron los principales pilares de la lucha contra el terrorismo.
Atender las investigaciones complementarias para los nuevos juicios con personal profesional y experimentados de la DINCOTE y el Ministerio Público, derivados de la anulación de las sentencias y juicios por Traición a la Patria y apertura de nuevos juicios.
A la par de la estrategia legal, combatir la línea proseguir (remanentes del Felicianismo), grupo que pretende seguir con la lucha armada y se encuentra focalizado en la Selva (Río Ene), siendo su vocero internacional el Nuevo Diario Internacional dirigido por Luís Arce Borja.
Rescatar de la esclavitud de los grupos nativos por parte de los terroristas, principalmente la etnia Asháninkas. Los senderistas capturan y esclavizan a los asháninkas para obligarlos a sembrar, acopiar y procesar la hoja de coca entre los ríos Tambo, Ene y Perené(Puerto Ocopa). Se calcula que unos 700 nativos estarían todavía cautivos en campamentos armados en los afluentes de los ríos a donde las fuerzas armadas no pueden llegar.
Analizar y explotar el testimonio de “Feliciano” para golpear a SL desde el punto de vista ideológico y político.
DINCOTE, unidad especializada, debe jugar un papel más importante en la nueva estrategia antiterrorista, recomendando una reingeniería total en su estructura, doctrina y estrategia.