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VIOLENCIA Y CRIMINALIDAD
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02/08/2004CRIMEN ORGANIZADO TRANSNACIONAL Y TERRORISMO INTERNACIONAL
En los minutos finales, antes del aterrizaje del avión en la ciudad de México D.F, sientes que se invade una sensación como si el avión, de pronto, se sumerge en un mar de neblina o smog. La ciudad de México D.F está considerada como una de las urbes más contaminadas en el mundo. Una de las capitales más contaminadas en latinoamericana, a la par de Santiago, en Chile; incluso, se dan el lujo de vender aire puro en las Lomas de Chapultepec, uno de los barrios más exclusivos de la ciudad. En medio de tiendas y edificios corporativos, funciona desde noviembre el primer “bar de oxígeno” de la ciudad de México. Una vez que atraviesa el manto blanco, pesado, el Airbus A-319 de las aerolíneas TACA, propietaria de una flota de 33 equipos Jet con servicios en 39 ciudades latinoamericanas y tres centros de conexión importantes en El Salvador, Costa Rica y Lima Perú, el primer golpe de vista que tienes son las figuras del Estado Azul y la Corrida de Toro. El reloj marcaba las 17:30 horas, una de diferencia con Lima,cuando aterrizó el avión. Me trasladé al antiguo Hotel Pedregal –Palace, edificio de cinco pisos que aún deja entrever su antiguo esplendor. Antes de subir a una habitación amplia con dos camas, en el vestíbulo fui recibido por el Licenciado Antonio Vasqueza de Mercado, quien de manera cortes me alcanzó algunos datos adicionales de su país : La ciudad de México está ubicado a 2,240 metros al nivel del mar, estaban en invierno y el frío oscilaba entre Oº a 10º grados centígrados. Al día siguiente, conjuntamente con un grupo de diez policías, civiles y militares de distintos países de Centroamérica, Sudamérica y Europa, fuimos trasladados en un bus hacia el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, una especie de central de inteligencia donde se iba a realizar el Tercer Seminario Iberoamericano de Inteligencia, evento donde se estudiaría el tema de la criminalidad organizada trasnacional y su conexión interna con el terrorismo internacional, tema que en estos últimos tiempos se apoderan de las nuevas agendas negativas de los países en los foros regionales e internacionales, así como las conexiones complejas y simbióticas entre las organizaciones de narcotraficantes y grupos terroristas. El terrorismo internacional y la gama de delitos que integran el crimen organizado trasnacional, por su naturaleza organizadas y trasnacional (traspasa las fronteras nacionales), exige que la comunidad internacional adopte una respuesta amplia y global para enfrentarlo, partiendo de su entendimiento, así como la adopción de instrumentos jurídicamente vinculados de carácter universal y la participación activa de los organismos de inteligencia que debían adaptarse a los nuevos retos de la lucha contra el crimen organizado dentro de un Estado de Derecho. México, como las mayoría de los países de Sudamérica, tienen problemas de crimen organizado trasnacional que con el proceso de integración comercial y apertura económica, diluyen las fronteras tradicionales, políticas y se dice con justificada razón de que los narcotraficantes no respetan fronteras. Es por ello que la lucha contra el narcotráfico no puede estar limitada con fronteras, por lo tanto, se debe buscar mecanismos de cooperación multilateral que hagan la lucha efectiva contra la delincuencia internacional cuya expresión máxima es el narcotráfico y sus efectos colaterales, el lavado de dinero y la corrupción. La situación geográfica de México y la gran demanda de bienes y productos ilícitos existente, tanto en ambos países- México y Estados Unidos - como a nivel continental, han fomentado en esta franja fronteriza la existencia y proliferación de actividades ilegales, tales como el tráfico de drogas, armas, personas, instrumentos financieros, sustancias ecológicamente peligrosas, objetos arqueológicos, el contrabando, la prostitución, entre otras más y todo ello hace que se fortalezcan y diversifiquen las mafias de delincuentes organizados. En el Tercer Seminario Iberoamericano de Inteligencia debíamos enfocar el problema de manera integral y culminar con planteamientos que nos ayuden a solucionar esta problemática que involucraba a muchos países, entre los que estaba el Perú. Dentro de los temas que debíamos tratar estaba el nuevo rol de los servicios de inteligencia en la lucha contra el crimen organizado trasnacional y su vinculación con el terrorismo internacional. En las últimas décadas, la mayoría de los servicios de inteligencia en Latinoamérica han estado asociados a graves violaciones de derechos humanos. Es por ello que la sociedad civil demanda conocer el trabajo de estas entidades encaminadas a la democratización que antes fueron calificas como militarizadas y se ligaron a los gobiernos de turno, pasando algunos organismos de inteligencia, como en el caso del Perú, a ser el brazo político del fenecido gobierno de Fujimori; es decir, llenar un vacío que se expresa en las dificultades afrontadas por la desmilitarización y en la carencia de debate sobre la inteligencia civil, sus funciones y objetivos en sociedades que caminan hacia la democracia. Los proyectos futuros en cuanto a los servicios de inteligencia es democratizar estos organismos de seguridad y si existe una ligazón entre inteligencia y desarrollo. En muchos países de Latinoamérica se confunde seguridad con desarrollo. ¿Se debe arribar hacia un nuevo concepto de seguridad o extender un puente hacia una política de seguridad para la democracia?. Desarrollo y seguridad se orientan a similares objetivos estratégicos de bienestar en el plano interno y de afirmación nacional en el escenario internacional, pero las tareas de seguridad de un sistema de inteligencia no pueden ser las mismas tareas de desarrollo que se encarguen a las entidades públicas, sean éstas civiles o militares. Crimen organizado y gobernabilidad democrática. En México se prueba cada vez más la hipótesis que “ la delincuencia organizada constituye un obstáculo significativo para la gobernabilidad democrática “. La franja fronteriza mexicano-norteamericana ha sido un campo fértil para el desarrollo de la corrupción y del crimen organizado, generándose elevados niveles de corrupción de funcionarios públicos y políticos (de ambos lados de la frontera) por parte de criminales. Hasta hace poco, el crimen y la corrupción en este país y la franja fronteriza se veían como un problema local de seguridad: delincuentes locales eran los culpables de corromper a los encargados de impartir justicia, así como policías, funcionarios de aduanas y migración, a ambos lados de la frontera. No era visto por los líderes políticos y económicos a nivel nacional o por los especialistas en las relaciones Estados Unidos-México como un problema capital o como amenaza para la gobernabilidad en cualquiera de los lados de la frontera. Pero se ha evidenciado que México quien tiene una de las franjas fronterizas con mayor tránsito comercial y de personas del mundo y también es escenario de peligros latentes para su gobernabilidad democrática y para la estabilidad política regional. Ello evidentemente ha permitido a los delincuentes protegerse de las autoridades y avanzar en el desarrollo de sus actividades ilícitas, y para algunos autores ha permitido incluso la generación de vínculos sistémicos entre el poder político y el crimen organizado. Sin duda - y cada vez con mayor intensidad- esto ha sido una preocupación presente en las agendas de dichos gobiernos, manifestada en muchas ocasiones en la generación de acuerdos bilaterales de cooperación en materia de seguridad y de intercambio de información. El crimen organizado ha sido percibido como un peligro para la gobernabilidad democrática en México cuando empezó la proliferación y diversificación del crimen convirtiéndose en una escalada que mueven cada vez más y más dinero. Asimismo, cuando se comienza a hacer patentes los elevados costos que sobre la economía, la salud pública y la política se generaba con las actividades ilícitas, ya no en el carácter local del problema, sino a una escala binacional y mundial, que estaba afectando seriamente las capacidades del gobierno para ejercer el monopolio de la coacción legal, aplicar la ley y una “justa” administración de justicia, garantizar el mínimo de capacidades de la administración pública para lograr el adecuado, eficaz y equitativo abastecimiento de bienes públicos; y para fungir como un efectivo medio (actor político) para la resolución de conflictos. Las organizaciones delictivas en el sistema político, a distintos niveles, amenazó significativamente la seguridad pública y el gobierno democrático de México desde mediados de los noventa. En suma, afectando las principales dimensiones de la gobernabilidad democrática, de la misma forma, el desarrollo de actividades ilícitas y contaminando con la corrupción las instituciones políticas fundamentales, tales como procesos electorales, el poder legislativo o el poder ejecutivo al nivel local, así como al poder judicial. Todos estos elementos en conjunto, afectan severamente el ámbito de la seguridad pública y la condición democrática de los gobiernos mexicanos fronterizos. Dentro de esta perspectiva, se indicaría que la vinculación entre el crimen organizado y el sistema político en México se circunscribe más que nada a las esferas inferiores de la policía y de la administración de justicia, con incidentales desbordamientos al sistema político general. Se asume que los grupos criminales podrían operar eficientemente sólo en la medida en que consiguiesen romper y neutralizar las fuerzas policíacas, incluidas las militares cuando tienen función policial. Si no es posible actuar a este nivel, entonces se extendería hasta la administración de justicia. La corrupción contenida se extendería de abajo hacia arriba siguiendo las líneas efectivas de mando en las burocracias. Esta perspectiva da especial énfasis al logro de eficiencia de las bandas criminales y la limitada capacidad administrativa del gobierno en sus diversos niveles. ¿Qué es el crimen organizado trasnacional? La primera pregunta que se planteó en el seminario. Pero no sólo de limitaciones temporales debemos hablar, sino además de limitaciones relativas a la aprehensión de conceptos cuyos alcances y límites, aún no se han podido establecer. Este concepto este concepto comenzó a ser utilizado por primera vez en el ámbito internacional por la Rama de Prevención del Delito y Justicia Penal de Naciones Unidas en 1975. Se le identifica con el fenómeno criminal que trasciende las fronteras internacionales y que transgredí las leyes de diversos Estados o que tienen un impacto sobre otro país. El Proyecto de Convención Contra el Crimen Organizado Trasnacional de las Naciones Unidas define al grupo criminal organizado con los siguientes elementos:
En resumen, es la actividad delictiva que se extiende dentro de distintos países, violando sus respectivas legislaciones. Los autores entienden por crimen organizado a las agrupaciones de delincuentes profesionales que operan durante un periodo. No se trata de individuos que se juntan para un o dos “trabajos” y luego se desbandan. Poseen una estructura, jefes identificables, una jerarquía y división del trabajo dentro del grupo. La jerarquía puede estar centralizada o bien las bandas operan en redes no conectadas estrechamente. Sus propósitos fundamentales son medrar con actividades ilegales. Usan la violencia y la corrupción para protegerse de las autoridades o posibles rivales, así como para disciplinar a sus propios camaradas y a quienes buscan explotar. La delincuencia internacional organizada es la comisión planificada de hechos delictivos por más de dos personas que actúan sistemáticamente en un período de tiempo, largo o indeterminado, destinados a la obtención de ganancias y poder. Es una nueva forma de violencia en el planeta y constituye la principal amenaza por los sistemas democráticos libres, la paz mundial y la vigencia irrestricta de los derechos humanos. Se caracteriza por el empleo de estructuras profesionales y /o comerciales, empleo de violencia o algún otro medio de intimidación e influencia en la política, los medios de comunicación, la administración pública, la justicia o la economía. Se diferencia del delito individual por la jerarquía, la especialización, las conductas conspirativas (el silencio), el trabajo sistemático, la corrupción de autoridades, la ayuda de los miembros de la organización entre si, el silencio o la “conspiración del silencio”, las actividades propias, orientado a la manipulación de la opinión pública, los fines pecuniarios y formación de una posición de poder. Otras características es que la delincuencia organizada trasnacional afectan bienes jurídicos de ciudadanos de otros países (drogas y narcotráfico) y se ve favorecida por la integración comercial y apertura comercial que diluyen las fronteras tradicionales y las fronteras políticas. Por ejemplo, los narcotraficantes nos respetan las fronteras, por lo que se tiene que buscar mecanismos de cooperación internacional o multilateral que hagan esta lucha efectiva contra este flagelo de la humanidad. El peligro principal que ofrece la delincuencia organizada es el aprovechamiento sistemático de la configuración variada y la flexibilidad del sistema financiero y jurídico de la comunidad civilizada de naciones (las estructuras comerciales legales ofrecen una base ideal para los negocios ilícitos). La gama de delitos dentro del crimen organizado trasnacional. Dentro del término de crimen organizado trasnacional, existen una gama de actos ilícitos, tales como:
De la enumeración meramente indicativa que precede, en cada una de las actividades que se mencionan, aparece la necesaria obtención de un beneficio económico de la actividad ilegal desarrollada. Entre las principales dificultades para la lucha contra la delincuencia organizada están la heterogeneidad de las legislaciones penales y el celo de las autoridades en sus políticas nacionales bajo el maquillaje político de la soberanía de las naciones. Características del crimen organizado trasnacional. En general se ha intentado definir a la criminalidad organizada o crimen organizado a través de las siguientes características:
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Los beneficios económicos, representan importantes sumas de dinero que ingresan a la actividad delictiva organizada, la cual debe reciclarlos a fin de poder continuar, así, con su propia actividad u otra igualmente delictivas que complementen a las primeras y que permitan, a la vez, a las organizaciones, disminuir o incrementar una u otra, de acuerdo a la mayor o menor política de prevención y de represión que se establezca en alguno de los países en los cuales las actividades se están llevando a cabo. Los beneficios económicos serán inyectados en actividades lícitas que permitan la integración de la organización dentro de una economía; y que en muchos casos le sirva de pantalla o fachada a las actividades ilícitas. En este aspecto también estará presente el principio de diversificación del riesgo. Cabe insistir que las características anteriores son sólo una enumeración, no completa y como tal variable de acuerdo a los distintos sistemas políticos y económicos en vigencia en un determinado país o área. Crimen organizado trasnacional y Defensa Nacional. Las organizaciones y redes del crimen transnacional consiguen, con ayuda de la corrupción, de la extorsión y de la intimidación, usar para su total beneficio a los mercados abiertos y a las sociedades en decadencia. Más allá de la mera y axial acción económica, se desempeña también necesariamente en los campos político y militar. Por ende, es un problema estratégico de primer orden, comprendido por su esencia en el área de la Política de Defensa Nacional. El poder de la mafia se extiende cada vez más, a través de su desleal competencia, de manera creciente. Incluye pingues ingresos, armas ilegales, el asesinato, la violencia física y todo el repertorio de acciones imaginables, en función de sus fines. A manera de hipótesis, que en muchos casos ya son hechos, es posible pensar que las estrategias de búsqueda de legitimidad de los empresarios criminales es buscar y lograr la incapacidad local de reacción de Estado, que obstaculice la actividad criminal. Para neutralizar la acción del Estado, buscan la aceptación de la clase dirigente política-corporativa y el acceso a las redes de poder que el apoyo popular directo, como lo hicieran los terroristas revolucionarios en décadas recientes. Otra estrategia mucho más directa e igualmente presente en todos los segmentos del mercado ilegal, es el soborno ocasional o regular de miembros o unidades enteras de autoridades políticas, militares, policiales, judiciales o burocráticas. La corrupción no debe ser considerada como exclusiva de los mercados ilegales. Sin embargo, en los mercados ilegales, la corrupción ocupa un lugar central, que usualmente no ocupa en los mercados legales. Así las cosas, desde la perspectiva del estado la corrupción de sus funcionarios se asemeja mucho a una hidra de mil cabezas, o a un "balance general de comportamiento ilegal". La estrategia más eficaz y confiable de las organizaciones criminales (y probablemente la más corrosiva, en lo que a la legitimidad del Estado se refiere) es mantener varios funcionarios estatales en puestos claves en una lista regular de pagos, es decir, establecer verdaderas "redes de infiltración e información". Los círculos sociales, políticos y económicos, que giran en torno al poder a través de las relaciones de amistad o sobornos, pueden posibilitar a los empresarios narcotraficantes accesos de alto nivel, para inhibir a los organismos de la seguridad y de la justicia. Se trata de una estrategia que, en ocasiones, puede ser más eficaz que la mera compra e infiltración de las autoridades superiores con responsabilidades políticas. Como ejemplo de lo citado, tenemos el caso de Colombia: las campañas de bombas, secuestros y asesinatos desencadenados a partir de mediados del año 1989 por una parte del empresariado narcotraficante, tuvieron costos institucionales extremadamente altos para el Estado colombiano. De hecho, un reducido número de empresarios narcotraficantes, en unos pocos meses, logró desestabilizar a la sociedad y al Estado de una manera mucho más fulminante que el movimiento guerrillero en casi treinta años de lucha armada. Los grupos del crimen transnacional controlan miles de millones de dólares en activos. Su enorme poderío económico facilita la corrupción nacional e internacional. Socavan gobiernos y la transición a la democracia de las sociedades que devienen del socialismo o del autoritarismo. Minan los intentos de los países en desarrollo y en transición para desarrollar democracias y convertirse en economías de mercado libre. Las ganancias masivas que obtienen los diversos grupos del crimen organizado transnacional, lavadas en los mercados financieros internacionales, socavan la seguridad del sistema financiero mundial. Entretanto, la competitividad de las empresas legítimas se ve disminuida por la participación del contrabando, el espionaje industrial y tecnológico, el soborno y la podredumbre. Ninguna forma de gobierno es inmune al desarrollo de las organizaciones criminales transnacionales, ningún sistema legal es capaz de controlar totalmente el crecimiento de ese crimen y ningún sistema económico o financiero está seguro frente a la tentación de obtener ganancias a niveles muy superiores a los que son posibles con las actividades legales. Las consecuencias son aun más devastadoras en las sociedades en transición, donde el pueblo trata de establecer la democracia, la autodeterminación y el imperio del derecho. El crimen organizado ha penetrado algunos Estados, desde el nivel municipal hasta el federal, a través del financiamiento de campañas políticas y la elección de sus miembros como parlamentarios. Los grupos criminales han designado funcionarios de gobierno. En algunos casos, han suplantado al Estado al proporcionar la protección, el empleo y los servicios sociales que ya no pueden obtenerse del nuevo gobierno que lucha por sobrevivir. En muchas partes del mundo hay naciones en esta situación como en la ex Unión Soviética y Europa Oriental. Muchos de esos países luchan ahora con economías estancadas, gobiernos débiles y una limitada capacidad de ejecución de la ley que no haya sido corrompida. Son terreno fértil para el crimen organizado. En los que fueron estados soviéticos, el crimen organizado ha surgido con una intensidad y una diversidad de actividades que no alcanzan a igualar los otros grupos del crimen transnacional en el terreno internacional. En estos estados recientemente independizados, los grupos criminales se cuentan por millares. Más bien que la rígida estructura jerárquica de las familias prototípicas del crimen organizado, los grupos se basan en estructuras funcionales y a menudo utilizan la violencia como parte de su estrategia empresarial. Al contrario de otros países donde las organizaciones criminales establecidas se han especializado en bienes y servicios particulares, el crimen organizado postsoviético ha infiltrado una gama completa de actividades ilícitas. Estos grupos han penetrado también profundamente en la economía legítima, incluso en muchas compañías que pertenecieron al estado y han sido privatizadas. El crimen organizado postsoviético explota el mercado tradicional de bienes y servicios ilícitos, que incluye la prostitución, el juego, las drogas, los asesinatos por precio, el suministro de mano de obra ilegal barata, el robo de automóviles y la extorsión de las empresas legítimas. También se ha ramificado para incluir actividades tan diversas como la exportación ilegal de petróleo y materias primas y el contrabando de armas, materiales nucleares y seres humanos. Estos grupos están formados a menudo por una insólita coalición de criminales profesionales, ex miembros de la economía clandestina y miembros de la élite del Partido Comunista y el aparato de seguridad. Sus filas incluyen especialistas sumamente adiestrados (tales como estadísticos o expertos en lavar dinero), a los que no tienen fácil acceso los grupos del crimen transnacional en otras partes del mundo. El crimen organizado ha penetrado estos estados, desde el nivel municipal hasta el federal, a través del financiamiento de campañas políticas selectas y la elección de sus miembros como parlamentarios. Los grupos criminales han designado funcionarios de gobierno. En algunos casos, han suplantado al estado al proporcionar la protección, el empleo y los servicios sociales que ya no pueden obtenerse del nuevo gobierno que lucha por sobrevivir. El crimen organizado y la corrupción endémica amenazan la estabilidad y la transición a una economía de mercado. En esos países, el problema del crimen nacional es significativo, pero la actividad criminal que se extiende por toda la región empeora la situación. En toda la ex Unión Soviética operan vínculos criminales y los grupos, cada vez más, actúan recíprocamente con sus homólogos de todo el mundo. Cuando terminó el periodo soviético, muchas de estas naciones en surgimiento quedaron sin la capacidad institucional de ocuparse del crimen organizado. La mayor parte de la pericia y las instituciones que bregan con el problema se quedó en Rusia, que heredó las instituciones centralizadas del estado soviético. Los países nuevos tuvieron que crear sus propias normas y estructuras legales. En los primeros años de la transición, el crimen organizado y la corrupción crecieron sin que les pusieran trabas las leyes o el personal capaz de ocuparse de ellos. El desarrollo económico a menudo se detuvo por falta de una estructura legal apropiada y mecanismos apropiados de ejecución de la ley. Los recursos siguieron yendo a manos de la élite como resultado de la corrupción de alto nivel, lo que dejó a la masa de la ciudadanía empobrecida y sin fe en sus nuevos gobiernos. Los grupos criminales, en combinación con funcionarios corruptos, vaciaron con impunidad los erarios nacionales, robándoles a los ciudadanos comunes y corrientes los bienes que, mediante la privatización, tendrían que haber heredado del estado soviético. La corrupción y la actividad criminal disuadieron también a los inversionistas extranjeros, reduciendo el crecimiento económico y privando al estado de los ingresos necesarios para reparar la infraestructura gastada y crear nuevas oportunidades económicas. Criminales refinados lavaron en el extranjero miles de millones de dólares en activos, lo que privó al estado de recursos que se necesitaban para pagar salarios y pensiones. Muchos inversionistas en potencia han decidido que hay lugares más fáciles y seguros donde poner su dinero. Para los que invierten, el alto nivel de corrupción se ha convertido en una preocupación adicional, especialmente para las empresas norteamericanas que deben observar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero. Esa ley declara delito una diversidad de prácticas, entre ellas el soborno, que son comunes en la región. El secuestro de los procesos de privatización por parte del crimen organizado y los funcionarios corruptos ha resultado, en muchos de los estados sucesores de la Unión Soviética, en sociedades económicamente polarizadas. En lugar de una clase media en surgimiento, hay ahora una nueva élite pequeña y extremadamente rica, y una gran población empobrecida. Esto es un problema particular en las ex sociedades socialistas donde los ciudadanos fueron educados en una ideología consagrada a la igualdad social. Aunque durante el periodo soviético existía la desigualdad económica, estaba más oculta a la vista que la de la nueva élite, que hace ostentación de su riqueza tanto en el país como en el extranjero. Los costos políticos del crimen organizado son impresionantes. La corrupción y la penetración del crimen organizado en el proceso político inhiben que se aprueben nuevas leyes que son necesarias como base de una economía democrática de mercado libre. Una autoridad impositiva a menudo sumamente corrupta, y los vínculos del personal del gobierno con el crimen organizado privan al estado de los ingresos que necesita. Cantidades substanciales de ciudadanos han perdido la fe en la integridad y capacidad del proceso legal, y en la capacidad de sus nuevos gobiernos de cumplir con obligaciones básicas tales como el pago de salarios y beneficios jubilatorios y la provisión del cuidado de la salud. Estos estados de reciente surgimiento no pueden separar sus problemas del crimen de los que sufren los países bálticos, Rusia o los estados cercanos. La actual diversificación y flexibilidad de los grupos criminales postsoviéticos que operan en todos los estados sucesores y la penetración de la corrupción sugieren que el fenómeno no desaparecerá rápidamente, según cada uno de esos países va en busca de su transición de la condición de satélite soviético a la de nación independiente. Así como las entidades corporativas ganan poder e influencia mediante la adquisición y asociación con otras compañías en el mundo de los negocios legítimos, los grupos criminales entablan alianzas con sus homólogos de otras naciones. Los traficantes de drogas colombianos se vinculan con grupos criminales de Nigeria que les proveen correos para las entregas en Europa, correos que, para minimizar ser detectados, se encaminan a través de Europa Oriental o la ex Unión Soviética. Las ganancias provenientes de estos crímenes pueden lavarse en cuatro países diferentes, antes que lleguen a su destino final, un refugio extraterritorial en el Caribe. Los agentes de la ley local, ya sea en una nación en surgimiento o en uno de los países de Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, se ven en aprietos para rastrear sospechosos y pruebas en este retorcido laberinto. Sólo los esfuerzos bilaterales y multilaterales pueden dar resultados efectivos para inhibir el crimen organizado que invade cada región del mundo. Es evidente que, a pesar de los retos que plantean los grupos criminales en todo el mundo, la comunidad internacional tiene en juego un gran interés en ayudar a las naciones a que sean capaces de hacer frente a su creciente poderío político y económico. El nuevo vigor que ha adquirido el crimen organizado a través de las alianzas internacionales es también su debilidad. Las redes de estas empresas son brutales pero frágiles. Aunque esos grupos pueden explotar vacíos en la legislación y la ejecución de la ley en el extranjero, también pueden verse gravemente debilitadas cuando la ejecución de la ley y los fiscales de muchas naciones coordinan sus esfuerzos y estrategias. Si se unen en una causa común, los gobiernos pueden prevalecer contra los grupos criminales y proteger la democracia, los mercados libres y el pueblo. Los costos del crimen organizado son impresionantes:
A manera de síntesis:
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Por Benedicto Jiménez Bacca